Solicita Tomás Mundo amparo contra proceso de selección a fiscal general

Solicita Tomás Mundo amparo contra proceso de selección a fiscal general

El exaspitante a la titularidad de la Fiscalía General del Estado, Tomás Mundo Arriasa, presentó una demanda de amparo contra el proceso de selección a dicho cargo.
Este lunes, que se reabrieron los juzgados federales, presentó dicha demanda en contra de los 50 diputados del Congreso local, con el respaldo de barras, colegios y asociaciones de abogados.
El especialista en el sistema de justicia penal espera que en el término de tres o cuatro días se dé trámite y se asigne juzgado a dicha demanda de amparo y con ello, se inicia la solicitud de informes justificados a los 50 legisladores que integran el Congreso del Estado.
“Como es una violación directa a la Constitución, como es un agravio personal y directo, (se busca), decir y reconocer que efectivamente se violentaron en mi perjuicio las garantías contenidas en el 16 y 17 de la Carta Magna, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ese es el efecto y demostrar, yo, a los veracruzanos, que el Congreso se equivocó, se extralimitó y que el proceso estuvo amañado”, subrayó.
En caso de la justicia federal le dé la razón, lo que sigue es pedir que se reponga el procedimiento de selección de titular de la Fiscalía General de Veracruz, en el que ya no participaría.
Mundo Arriasa no descartó que en este nuevo proceso, en caso de que así lo falle la justicia federal, Verónica Hernández Giadáns, seguramente vuelva a participar y “seguramente va a volver a ganar”.
Sin embargo, el nuevo proceso se tendrá que hacer respetando las garantías mínimas que se tienen que llevar a cabo, toda vez que los legisladores impusieron un artículo transitorio para impedir la impugnación del procedimiento, violando de manera clara la tutela judicial efectiva.
Asimismo, no había una seguridad jurídica porque en la Constitución del Estado se señala que las comisiones son indelegables y en sesión del Pleno legislativo se decidió que fuera a la Junta de Coordinación Política, la que asumiera el control, el desahogo, recepción y, al final, la designación de la fiscal general.

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